El gobierno porteño analizó ayer junto a organizaciones del sector inmobiliario un conjunto de propuestas para incentivar los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires y volverlos más accesibles. La más resonante del pliego elaborado es la aplicación de un impuesto a los departamentos y viviendas vacías, pero también incluye la gratuidad de algunas certificaciones y facilitando el tema de las garantías.

La iniciativa fue consensuada en el marco de la "Mesa de alquileres", creada tras la sanción de la Ley 5.859, que eximió a los inquilinos del pago de la comisión a las inmobiliarias. La reunión estuvo encabezada por el titular Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), Juan Maquieyra y participaron representantes del Colegio de Corredores Inmobiliarios, la Cámara Inmobiliaria, Defensoría del Pueblo, ONG's técnicas e Inquilinos Agrupados.

Al término del encuentro, Maquieyra señaló ante la agencia Télam que "el jefe de Gobierno escuchó las propuestas, hizo preguntas y tanto él (por Horacio Rodríguez Larreta) como yo nos comprometimos a responder al resto de la Mesa en un mes".

La mesa de diálogo se constituyó hace siete meses y las propuestas giran en torno a cuatro ejes: las barreras de acceso al alquiler, las dificultades para permanecer en un departamento a lo largo de todo un contrato, la escasa oferta de viviendas para alquilary la falta de controles.

Sobre las trabas para rentar una vivienda, una de las principales es la exigencia de garantía inmobiliaria. Desde el gobierno porteño señalaron que están analizando la implementación de seguros de caución "que permita realizar una alianza entre el Estado y compañías que brinden ese seguro, y ampliar las posibilidades que en el tema de garantías brinda el Banco Ciudad".

Otro aspecto es el de los problemas que tienen los vecinos para cumplir con los contratos de alquiler. "Se refiere a que le impongan condiciones. Por eso vamos a redactar un contrato modelo con reglas claras", precisó Maquieyra.

En relación a la escasez de oferta inmobiliaria para alquilar, lo que presiona los precios al alza, el funcionario admitió que se trata de un proceso de mediano y largo plazo. Para eso se trataría el impuesto a las viviendas ociosas, un reclamo presentado por Inquilinos Agrupados.

Si bien la aplicación del tributo no está acordada, desde el gobierno porteño analizan instrumentos con el mismo objetivo. "Tenemos que lograr que se incentive que los dueños pongan en alquiler viviendas para clase media", coincidió Maquieyra.

Según una encuesta, los alquileres representan el 41% de los ingresos de los hogares.

Según Inquilinos Agrupados, la fijación de un impuesto semejante permitiría crear un fondo para la construcción de viviendas públicas que se puedan alquilar.

Certificaciones y registro del inmueble

Otro de los ejes del encuentro fue la falta de control por parte del propio Estado capitalino para que se cumplan las legislaciones que amparan a los inquilinos.

También, entre otras propuestas, se procura que la certificación de firmas sea gratuita y que esté a cargo de los funcionarios de las comunas. También se propone que el Registro de Propiedad Inmueble no cobre a los locatarios el certificado de dominio y el de inhibición.

"Discutir la situación de los inquilinos en el marco de una convocatoria del IVC y llevar propuestas al jefe de Gobierno es el resultado de un sector que empieza a organizarse. Hubiera sido inimaginable esta situación años atrás, cuando eran los representantes del negocio inmobiliario quienes hablaban por nosotros", celebró Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados.

El titular del IVC, Juan Maquieyra, en un timbreo de Cambiemos.

El costo de los alquileres

El nuevo pliego de propuestas ocurre luego de que se sancionara la legislación que establece que la comisión la pague el dueño de una vivienda. Pero todavía están pendientes otras iniciativas. Una de las más relevantes es la Ley Nacional de Alquileres, que tiene media sanción del Senado y espera su tratamiento en Diputados.

Según Muñoz, el alquiler representa un 41% de los ingresos de los hogares, según una encuesta realizada a 17 mil inquilinos a principios de año.

"Ahora estamos notando que ese porcentaje se acerca al 50% y no estamos contando expensas, impuestos ni servicios. La gravedad de la situación la notamos en nuestro local de atención a inquilinos, donde la mayoría se acerca a consultar cómo rescindir un contrato porque ya no pueden afrontar los aumentos semestrales por encima de la inflación", señaló el presidente de la organización vecinal.

En este análisis coincide la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. A través de un comunicado, el organismo señaló que aumentaron las consultas y reclamos a raíz de la indexación de los contratos de alquiler debido a la suba del precio del dólar, una práctica que está prohibida por la ley 25.561.

Fuente: Infobae