Las entidades rurales salteñas emitieron un fuerte comunicado en rechazo a la intervención del estado en el sector privado, tras la decisión del Gobierno de expropiar la cerealera Vicentin.

Desde el sector aseguran que detrás de esta medida hay una sensación de “persecución” y “revanchismo”.

El presidente de Prograno, Lucas Norris, manifestó a LA GACETA su preocupación y de todo el agro ante el avance del Gobierno nacional en la empresas agropecuarias con argumentos “mentirosos”.

“Hablar de seguridad alimentaria, de una producción que beneficia a los pequeños productores y con el justificativo de que no se pierdan trabajos es mentirle a la gente, ya que el mercado de granos es transparente y con competencia sana”, dijo.

Aseguró que el sector del agro se construye con confianza a través del tiempo. “Y el gobierno no genera confianza con el desmanejo de la deuda y los cambios de reglas en el mercado, como por ejemplo con la suba de retenciones”, ejemplificó Norris.

“Es persecución permanente. No hay certidumbre en el país”, advirtió.

Además, consideró que toda intervención del Estado en el sector no tuvo buenos antecedentes. “En Jujuy, el Ingenio la Esperanza es un ejemplo: con la idea de salvar un montón de puestos laborales se terminó fundiendo la empresa con intervención del estado”, recordó el titular de Prograno, quien reclamó políticas claras para el sector.