El presidente del Club Deportivo Central Norte de la localidad de Embarcación formalizó en el Juzgado Federal N§ 1 de Tartagal una denuncia penal acompañada por un listado de unas 120 personas que cobraban como prestando servicios a la mencionada institución deportiva del norte de la provincia, mediante un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación denominado Salario Complementario Social. Por este beneficio, las 150 personas percibían el 80 por ciento del salario mínimo vital y móvil -unos 4.900 pesos mensuales- por una contraprestación diaria de lunes a viernes de 4 horas, para realizar trabajos en el predio de la entidad deportiva o colaborando con la actividad del club al que asisten unos 400 niños de escasos recursos que practican diferentes deportes.
Pero la realidad era que solo 30 personas realizan la contraprestación en forma diaria. Jorge Moya, denunciante de la situación que deja al descubierto el descontrol que sigue existiendo en el otorgamiento de estos planes de ayuda social que llegan desde Nación, precisó que el de Embarcación no es el único caso ya que "en General Mosconi tenemos entendido que hay alrededor de 250 personas en esta misma situación. No vamos a arriesgar el prestigio de una institución deportiva, ni yo el mío como presidente del club para tapar estas irregularidades. Lamentablemente hay una cultura del cobrar sin trabajar y esta gente perderá ese beneficio tan importante", precisó Moya una vez que formalizó la denuncia en el Juzgado Federal de Tartagal. Como algunas beneficiarias son hijas de un efectivo policial que presta servicios en la localidad de Embarcación, Moya explicó que "hablé también con la fiscal penal, le expuse la situación porque seguramente habrá mucha gente molesta cuando dejen de cobrar y me van a responsabilizar a mí, incluidas las hijas de este policía. No sea cosa que me inventen alguna causa en represalia", expresó el dirigente deportivo.
La ayuda social
Moya explicó que "todo este proyecto comenzó porque necesitábamos gente para trabajar en el club. A fines del 2016, cuando necesitábamos albañiles y otros oficios, gestionamos la incorporación de desocupados al programa nacional de Salario Complementario Social creado por ley del Congreso atendiendo la situación social de los desocupados. Esa ley establece que los beneficiarios perciben el 80 por ciento de salario mínimo vital y móvil y así llegamos a tener unas treinta personas que cumplían las 4 horas de contraprestación".
Moya recordó que "a comienzo de año necesitábamos que nos designen a dos instructores de educación física porque en la actualidad estamos trabajando con 400 chicos y realmente necesitábamos del trabajo de esos auxiliares. Nos parecía extraño que no nos aprobaban, no les salía el alta de estos instructores hasta que tomamos conocimiento que para la unidad productiva Central Norte, como se nos identifica dentro del sistema del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, teníamos asignados 152 beneficiarios".
Una situación de doble injusticia
Moya recordó que “en forma inmediata me puse en contacto con los responsables de Desarrollo Social de la Nación, específicamente con Silvia Flores, la hija del diputado nacional de Cambiemos Toty Flores que maneja una organización social muy importante en La Matanza. Silvia es una persona que trabaja de una forma muy eficiente y tiene contacto directo con la gente de Desarrollo Social. También hablé con la señora Paula Denott, secretaria privada de Matías Queli, secretario de Economía Social del Ministerio, quien me derivó a Franco Serra (coordinación, control y transparencia de la misma secretaría). Me instruyeron que formalice la denuncia en el Juzgado Federal que corresponda a la jurisdicción de Embarcación y eso fue lo que hice”.
Moya precisó que “seguramente en estos días entrará la denuncia de José “Pepino” Fernández, porque en General Mosconi son alrededor de 250 las personas que tienen este beneficio y no realizan ninguna contraprestación, pero nuestra preocupación ahora es saber quienes son los dirigentes o punteros que han podido incluir a estas personas en esos listados para que terminen siendo beneficiarios. Lamentablemente no supieron aprovechar esta oportunidad y si eso sucede en Mosconi y en Embarcación seguramente debe suceder en muchos otros lugares de nuestro país. Quienes necesitan el beneficio y están dispuestos a trabajar quedan al margen y relegados, lo cual es más injusto aún”. consideró.
Fuente: El Tribuno
