Durante una conferencia de prensa ayer en la ciudad de Salta, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, consideró que llegó tarde la respuesta de la Provincia de Salta ante el caso de la nena de 11 años que fue violada por su padrastro y lleva adelante un embarazo de 22 semanas. "Si uno mira la realidad, sí, hubo una respuesta tardía, en función de una normativa que lamentablemente no se adecuó en su momento", respondió.

El jueves de la semana pasada el gobernador JUAN MANUEL URTUBEY anunció por una plataforma digital que la Provincia adhería, a través del decreto 548, al protocolo nacional para la interrupción legal del embarazo en los casos que plantea el artículo 86 del Código Penal: cuando la persona gestante fue víctima de una violación, o cuando corre peligro su vida o su salud física o psíquica.

Hasta ese día y durante seis años, tras el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del año 2012, Salta tuvo su propio protocolo que exigía que la práctica se realizara antes de las 12 semanas de gestación y previa denuncia ante funcionarios del Ministerio Público. Esta guía de actuación, creada por el decreto 1170, fue criticada desde el principio por organizaciones de mujeres por ser considerada restrictiva.

El caso de la nena salteña embarazada tras una violación alcanzó visibilidad en medios de todo el país y generó una oleada de críticas por parte de miles de mujeres, que cuestionaron por Twitter al mandatario salteño. Los cuestionamientos estuvieron dirigidos hacia la vigencia de este decreto, que no permitía que la niña accediera al aborto no punible, ya que cursaba un embarazo de 19 semanas cuando fue detectada por los servicios de salud.

Tras conocerse el caso, desde la Provincia aseguraron que la niña y su madre habían decidido continuar con el embarazo y, a pesar del cambio de protocolo, esta decisión seguiría en pie. El protocolo nacional no fija plazos para la realización del aborto ni exige la denuncia ante el Ministerio Público.

Desde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres solicitaron informes y la intervención de los organismos implicados en este caso para analizar las responsabilidades de los funcionarios.

"Es un drama. Es un hecho aberrante lo que ha sucedido con esta menor. Por lo que yo sé, Salta no había adherido al protocolo (nacional) de aborto no punible y esto permitió que esta situación se diera", analizó Avruj, quien consideró: "Hoy tenemos que mirar hacia adelante. Como pasa muchas veces en otros temas, hay casos testigo que marcan un camino". El funcionario nacional observó que, además del protocolo, hay otros temas, como la educación y la contención a la familia, que tienen que ver "con el rol que el Estado tiene que cumplir". Avruj aseguró que "se está pidiendo que cada provincia adhiera al protocolo nacional" para garantizar que todas las mujeres tengan el mismo derecho en todas las provincias del país.

Postura oficial

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de Salta, Marcelo López Arias, tomó la palabra tras la alocución de Avruj para "dar la opinión de la Provincia".

"Cuando salió el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -cosa que compartimos totalmente, estamos de acuerdo y lo hemos cumplido-, el primer protocolo que se dictó en el país fue el de Salta, tres años antes de que saliera el de la Nación. Ese protocolo tenía la particularidad, que es lo discutible, que es el plazo de las semanas de gestación para llegar a la posibilidad del aborto no punible. Un tema ciertamente discutible".

López Arias aseguró "que se corrigió totalmente con el decreto", pero que esto "no tiene nada que ver ni genera ninguna responsabilidad en el tema de esta chica, de esta menor, ya que ella con su madre, ante la Asesoría de Incapaces, expresamente manifestaron su voluntad de continuar con el embarazo". "Desde el primer momento estuvimos acompañando a la madre y a la niña, haciéndole conocer todos sus derechos, para que supiera qué podía hacer. La voluntad de ellas, ante la Asesoría de Incapaces, fue continuar con el embarazo pero, claro, es un hecho terrible, trágico", observó.

El ministro agregó: "Para evitar cualquier tipo de errores de interpretación o duda, tomamos la decisión con el gobernador y obviamente yo refrendé el decreto, como me corresponde como ministro, adhiriendo lisa y llanamente al protocolo nacional que, reitero, es tres años posterior al protocolo de Salta. Así que yo creo que ya no hay posibilidades de discusiones de malas interpretaciones respecto de los acuerdos. Estamos cumpliendo con lo que fue el fallo de la Corte Suprema", sentenció.

El embarazo de una niña, un riesgo

La subsecretaria de Políticas de Género, Rosaura Gareca, expresó en diálogo con la prensa que, “en general, todo embarazo de una niña conlleva riesgos, sin duda”. Además informó que el nuevo decreto, que no fija plazos para la interrupción legal del embarazo será comunicado a la madre y a la niña, quienes “decidirán eventualmente acogerse o no a esta nueva normativa”.
Gareca reconoció que hubo fuertes cuestionamientos por la demora de la Provincia en adherir al protocolo nacional: “Desde la Provincia estuvimos trabajando hace un tiempo en esto y por supuesto que la decisión final fue tomada a raíz de este caso y, sin duda alguna, la Provincia tiene el compromiso de garantizar el derecho a la interrupción legal del embarazo en todos los casos que se presenten, de acuerdo con el artículo 86 del Código Penal”.

Las sanciones

Con respecto al posible mal accionar de funcionarios públicos en este caso, Gareca aseguró que “eso va a seguir un procedimiento separado, y si las responsabilidades fueran determinadas se aplicarán las sanciones”. 
La subsecretaria, quien es la vocera del Gobierno en esta materia, expresó que, tras la adhesión al protocolo nacional, el Ministerio de Salud tiene que garantizar, con profesionales no objetores de conciencia este derecho a la interrupción legal del embarazo.

Fuente: El Tribuno