La Capital salteña podría quedarse sin recursos para cubrir los servicios que brinda a los vecinos a partir de una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante que afecta el 47% de los ingresos municipales .

Un grupo de ediles aprobó en la sesión del miércoles una norma por la cual exime del pago de la tasa de higiene y seguridad a comerciantes. Con la medida impulsada por el cuerpo legislativo comunal, cada comerciante se ahorraría en promedio unos 360 pesos por mes mientras que, para la Municipalidad, la recaudación caería a la mitad.

El secretario de Economía y Hacienda de la Municipalidad, Daniel Amador, indicó que el impuesto que el Concejo les condona a los comerciantes "impacta en un 47% en nuestra recaudación; es decir, es la principal fuente de ingresos de la Municipalidad después del pago anual de impuestos que suele hacerse en los tres primeros meses del año".

En diálogo con El Tribuno, Amador advirtió que "esta recaudación ya está resentida como consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19. Hoy la recaudación está por debajo del 40%, si le sumamos esto correríamos el riesgo de desfinanciar la Municipalidad".

"Acá hay un principio de realidad económica que es una paradoja porque tenemos menos recursos pero brindamos mayor cantidad de servicios", aclaró el funcionario municipal y detalló que "a los servicios básicos y esenciales le sumamos muchos otros que se están dando ahora en el marco de la lucha contra la pandemia".

Amador sostuvo: "A nuestros recursos tenemos que redistribuirlos con eficiencia en los servicios de limpieza de basurales, desmalezados y la cuestión social que es hoy uno de los temas fundamentales que ha planteado la intendenta Bettina Romero".

"Para ello -insistió el secretario de Economía y Hacienda- estamos con un fuerte apoyo a la parte social, a la gente que más está necesitando. La Municipalidad habilitó un albergue para la gente en situación de calle, se adoptan medidas que vienen a paliar toda la situación crítica que está afectando al país, la provincia y el mundo entero. Con menos recursos brindamos más servicios".

Respecto a la norma sancionada el miércoles, Amador consideró que "no genera ningún alivio a la actividad comercial porque se trata de un impuesto que se liquida mediante una ecuación matemática que es base imponible por alícuota. O sea: el comerciante, sobre el importe que vendió, paga el impuesto".

"Ahora bien, si el comerciante no tiene ventas, paga un mínimo imponible previsto en la ordenanza vigente que son 360,75 pesos, monto que corresponde al régimen general, que es donde está incluida la gran mayoría de los contribuyentes. De esta manera, en estos dos meses, si el comerciante no tiene ventas deberían pagar ese monto por el impuesto en cuestión", detalló.

Además, evaluó que "para lograr esta exención, el comerciante va a tener que ir a gestionarla, y lo que gaste en ir y venir para hacer el trámite va a ser más que el dinero que se ahorró con la eximición estipulada en la ordenanza".

Medidas de alivio previas

Por otra parte, Amador recordó que desde la Municipalidad la intendenta firmó el Decreto 123, con el que dispuso una serie de medidas orientadas a aliviar aspectos socioeconómicos y a fortalecer el trabajo social, a raíz del aislamiento preventivo y obligatorio para evitar la propagación del COVID-19.

"Se postergó el impuesto anual hasta el 28 de abril, también los vencimientos de todos los tributos municipales, se suspendieron las inspecciones de los tributos, las notificaciones y multas por declaraciones juradas, la caducidad de los planes de pago y todas las ejecuciones y embargos. Además, se sacó una disposición para autorizar a tener más de un plan de pago. Es decir, la Intendencia ya dispuso medidas que son paliativas de esta crisis económica y social que se vive", concluyó.