Defensores oficiales de la Provincia pidieron al gobernador Gustavo Sáenz que no promulgue la ley que aprobó la Legislatura la semana pasada para establecer cambios procesales en las causas judiciales. Observaron que esta norma hace peligrar el derecho a la defensa en juicio, uno de los pilares de un Estado constitucional de derecho.

Esta ley, que tiene como base algunas reglamentaciones que se implementaron transitoriamente durante la pandemia por el nuevo coronavirus, pretende llevar a la virtualidad las audiencias judiciales, restringir el acceso de los magistrados del Ministerio Público a los expedientes en papel y enviar notificaciones judiciales a los ciudadanos por medio de correo electrónico.

El defensor general de la Provincia, Pedro Oscar García Castiella, y el cuerpo de defensores oficiales civiles y de familia advirtieron que la promulgación de esta ley podría generar un "peligroso e innecesario impacto" y lesionar derechos de los ciudadanos más vulnerados de la provincia.

Más rechazos a la norma

Desde el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta expresaron su "rechazo absoluto" a esta norma y señalaron que en épocas de crisis es cuando más debe estar presente el respeto a las garantías y derechos constitucionales como la defensa en juicio y el debido proceso, que serían vulnerados con esta ley.

El Bloque de Defensores Públicos del Mercosur exhortó en un comunicado a que las audiencias por videoconferencia sean excepcionales en este contexto de emergencia sanitaria y que, una vez superada, sean presenciales, "salvo excepciones fundadas en la ley". Señalaron que así se respeta y garantiza "el cumplimiento de los principios sustanciales de contradicción, inmediación e inmediatez".

"Solo con la voluntad informada y libre de presiones de la persona asistida, es posible avanzar en audiencias de juicio de forma virtual, siempre y cuando se garantice por parte de cada Estado el pleno ejercicio del derecho de defensa y el respeto íntegro de las garantías judiciales del debido proceso, reconocidas en los instrumentos internacionales de protección de Derechos Humanos", expresaron.

Contra los más vulnerados

El defensor general de la Provincia y el cuerpo de defensores oficiales civiles cuestionaron que aún no existen expedientes digitales: "No se cuenta aún con las herramientas indispensables para poner en práctica estas disposiciones con la ligereza e improvisación que se pretende".

Los magistrados recordaron que el sistema judicial debe ser un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Señalaron que esto buscan garantizar con su tarea, supliendo las desigualdades existentes, de acuerdo con las obligaciones federales e internacionales asumidas por la Provincia.

Evaluaron que, bajo una "incomprensible obstinación", con esta ley se desampara los derechos de los más desvalidos, ya que, sin acceso al expediente en papel ni en digital, sus representantes no podrán ejercer un adecuado derecho de defensa en juicio.

Advirtieron que esta ley es contradictoria con el artículo 135 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, que dispone que "los funcionarios judiciales quedarán notificados el día de la recepción del expediente en su despacho".

"El arbitrio del órgano judicial encuentra su límite en el derecho de defensa, cuyo ejercicio está garantizado por preceptos constitucionales y convencionales que no puede conculcar", expresaron.

"No resulta compatible con un Estado jurídico de derecho que la decisión de cumplir o no con determinado postulado normativo quede librado a la voluntad o discrecionalidad de un juez y no al mandato legal vigente", advirtieron.

Cuestionan aspectos centrales de la norma

 Cuando la ley era aún un proyecto y tenía media sanción de Diputados, desde el Colegio de Abogados y Procuradores se pronunciaron en contra y plantearon que no fueron consultados de manera previa.
En el documento que enviaron al Senado cuestionaron que se dejaran sujetos a reglamentación aspectos fundamentales de la norma, para que el Poder Ejecutivo regule cuestiones que hacen al debido proceso y a la garantía de defensa en juicio. 
Calificaron como “más grave aún” que se dejen en facultades del juez “situaciones que deben estar claras y con absoluta certeza previo al proceso”.
Con respecto a la obligación de presentar un correo electrónico, evaluaron que se altera el concepto de domicilio real del Código Civil y Comercial de la Nación. Consideraron que no todas las personas tienen acceso a dispositivos o a internet y ni siquiera a electricidad. 
Plantearon el funcionamiento deficitario del actual sistema digital de la Justicia, Iurix, y exhortaron a las autoridades provinciales a concretar el expediente digital para todos los nuevos juicios que se inicien, “con las seguridades y garantías necesarias para los justiciables y normas procesales que se adecuen a la particularidad de cada fuero”.

“Viene para quedarse”

La defensora civil Nº 4, Natalia Buira, señaló que esta norma busca legalizar las audiencias virtuales que comenzaron durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, pero advirtió que “esto no es solo para la pandemia”: “En Salta lo provisorio viene a quedarse definitivamente. Todos los poderes lo demostraron con las prórrogas de las leyes de emergencia”.
La magistrada consideró que con la virtualidad se altera la esencia de la audiencia, que busca cumplir con principios de inmediatez: “Hay gestos y lenguaje corporal que el juez, los defensores y los asesores captan”. 
Buira evaluó que debe haber un plan estratégico para la digitalización y consideró que, aun con expediente digital, la audiencia debe ser presencial, salvo en casos excepcionales. Aseguró que esta norma busca concentrar la autoridad en el Poder Judicial: “No nos van a remitir los expedientes. La defensa pública va a ser simbólica. Esperamos esto no sea voluntad del Ejecutivo”.