El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) se presentó como amicus curiae ante el Tribunal de Impugnación de Salta y reclamó el sobreseimiento de la médica Miranda Lucía Ruiz, quien trabaja como residente en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. La facultativa se encuentra imputada luego de intervenir en la realización de una interrupción legal del embarazo (ILE).

El amicus curiae, figura procesal reconocida por tribunales nacionales e internacionales, consiste en una vía para proporcionar argumentos y opiniones por terceros ajenos al proceso ante un tribunal, como una herramienta disponible al juzgador para colaborar en la tarea de clarificar criterios y estándares sustanciales para la resolución de la disputa judicial.

Bajo la citada figura el Programa Jurídico de Género, Diversidad y Derechos Humanos del Inadi, representado por su responsable, Analía Mariel Mas, y por la abogada María Julieta Delpech, se presentó ante el citado tribunal salteño en defensa de la profesional que se desempeña como médica residente del hospital de Tartagal, brindando asistencia a las consultas sobre anticoncepción y planificación familiar.

Tal como informó El Tribuno, ayer el Inadi recordó que "Miranda atendió, junto a un equipo interdisciplinario, a una mujer adulta que solicitó la interrupción legal del embarazo. Luego de constatarse la causal salud y de recibir el aval de las autoridades jerárquicas del hospital, se llevó a cabo la práctica, que fue medicamentosa. Todos los pasos realizados constan en la historia clínica. No obstante la legalidad de procedimiento, una familiar denunció a Miranda, y el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gonzalo Vega, inició una imputación contra la médica por el delito de "aborto sin consentimiento' y la Justicia denegó dos veces su sobreseimiento", puntualizó el organismo a través de su sitio oficial.

El Inadi señaló que, en ese marco, y atento a que el 30 de diciembre de 2020 el Congreso de la Nación sancionó la ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), "el Instituto decidió intervenir y expresar su opinión respecto a la inexistencia de todo delito, solicitando se dictara el sobreseimiento de la Dra. Ruiz".

Además, afirmó que, en atención a lo que disponen la Ley 27.610 y el protocolo de acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo del Ministerio de Salud de la Nación, "la conducta de la Dra. Ruiz se ajustó a derecho y, por tanto, su persecución no corresponde en un Estado de derecho pleno. Consideramos que este tipo de proceder por parte de la Justicia vulnera el acceso a derechos como la IVE, ya que obstaculiza y criminaliza una práctica que es legal en nuestro país y que es un derecho adquirido por las mujeres y personas gestantes tras años de lucha", expresó el Inadi.

El organismo descentralizado, que actúa en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, recalcó que "el Estado debe garantizar que todas las mujeres puedan acceder a su derecho a decidir sin miedo. Y para esto es también necesario que los médicos puedan proceder sin temer por su libertad y su futuro profesional", finalizó.