La Justicia dejó en libertad al exnúmero 2 del Ministerio de Planificación Roberto Baratta, y revocó el procesamiento y prisión preventiva del exministro Julio De Vido en la causa en que se investigan el pago de sobreprecios por las importaciones de gas licuado entre 2008 y 2015.
De Vido, con falta de mérito en esta causa, de todos modos seguirá detenido porque enfrenta otro procesamiento con prisión preventiva por fraude con el desvío de 280 millones de pesos fondos para la realización de obras inconclusas en el Yacimiento de Carbón de Río Turbio.
El fallo de ayer de la Sala I de la Cámara Federal es lapidario con el peritaje que había concluido que se habían pagado sobreprecios de 7000 millones de dólares por compras de 15.000 millones de dólares de gas licuado. En ese estudio firmado por el perito David Cohen, el juez Claudio Bonadio había sustentado la prisión preventiva de Baratta y De Vido.
Ahora los tres jueces de la Cámara Federal que revisaron el fallo, Martin Irurzun, Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero, fueron unánimes en decir que de mínima era insostenible científicamente y de máxima, es rayano con la comisión de un delito por el que el perito es investigado por falso testimonio.
Los jueces Ballestero e Irurzun descalificaron el peritaje y entendieron que la prueba que existe no alcanza para decir que los acusados cometieron fraude; no obstante, mandaron a seguir investigando a De Vido y a Baratta y a hacer un nuevo peritaje. El tercer juez, Bruglia, en minoría dijo que el informe de la Auditoría General de la Nación, si bien parcial, revela irregularidades administrativas y un fraude al Estado.
En esta causa se investigan los 15.000 millones de dólares que pagó el Estado entre 2008 y 2015 para la importación de gas que llegaron a los puertos de Bahía Blanca y Escobar, en 232 y 265 barcos, respectivamente. El metano llegaba líquido, se recalificaba en los barcos y se inyectaba en la red del interior del país.
Por cada cargamento se pagaron diversos valores que para el perito revelaban los diversos sobreprecios. No obstante, el juez Ballestero analizó en detalle el peritaje y concluyó que el experto había comparado el precio pagado entre 10 y 16 dólares por unidades térmicas británicas (mmbtu) con el que se paga en Estados Unidos por el gas natural seco en Erath Luisiana hasta Port Arthur que equivale a la mitad.
Se compararon dos productos diferentes, dijo Ballestero, y señaló que es como si se comparara el precio del agua potable con el de los cubitos de hielo en bolsa que se venden en estaciones de servicio, donde sin duda habría una diferencia sustancial. Ballestero señaló que Cohen tomó información de notas periodísticas y hasta dijo que plagió un trabajo de universitarios chilenos sobre el precio del gas para abonar sus ideas.
Incluso mencionó que citó como respaldo de sus conclusiones un organismo internacional relacionado con la energía, que no existe. Dijo, además, el juez, que el perito omitió calcular la ganancia que recibirían las empresas navieras que trabajaron para el ingreso de los buques a los puertos de Bahía Blanca y Escobar.
Irónico, Ballestero dijo que el precio que se paga en la Argentina era más barato que el que pagó Japón por el mismo producto. "O la viveza criolla pudo más que la inteligencia nipona pues, aunque caro, Argentina terminó comprando más barato; o los niveles de corrupción japonesa adquieren proporciones bíblicas. Sinceramente, debo admitir que ni una ni otra me convence", escribió.
Revés para el kirchnerismo en Santa Cruz
El Frente para la Victoria tuvo ayer un sorpresivo revés en la Legislatura de Santa Cruz al no lograr los dos tercios para tratar el pedido de liberación del intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, detenido por orden del juez federal Luis Rodríguez.
El diputado provincial y jefe de bloque del FPV, Matías Mazú, sobre quien el juez Rodríguez también pidió el desafuero para avanzar en la Justicia, se ausentó ayer de la sesión y sus pares justificaron que había viajado a Buenos Aires para ponerse a disposición del magistrado.
Mazú y Pérez Osuna están bajo sospecha por su rol en la causa que investiga el presunto fraude de fondos destinados a la usina de Río Turbio.
Por: Hernán Cappiello
Fuente: La Nación
