Desde el año pasado han salido a la luz distintos hechos detectados en el Norte provincial donde camiones o vehículos adaptados cargaban caños pertenecientes al gasoducto NEA. En la actualidad y tras una investigación de la Justicia Federal se logró determinar responsabilidades y en tal sentido hay imputados, como es el caso del ex Intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado.
Ayer bajo la dirección del juez federal de Garantías, Gustavo Montoya, el fiscal general Eduardo José Villalba encabezó la actuación fiscal con la imputación formalizada al empresario Matías Rossi, presidente de la empresa CoMarfil SA, con asiento en el partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Villalba, junto a la fiscal auxiliar Roxana Gual, le endilgó a Rossi los delitos de robo agravado y fraude a la administración pública por su presunta participación en el robo de, al menos, 52 caños del gasoducto que fueron secuestrados de instalaciones de su empresa, a donde habrían llegado mediante maniobras y la utilización de documentación ilícita.
Asimismo, el fiscal amplió la acusación penal por el delito de fraude a la administración pública respecto del intendente del municipio de Aguaray, Jorge Enrique Prado, y el secretario de Hacienda de dicha municipalidad, Fredy Marcelo Céspedes, quienes ya habían sido imputados el 18 de mayo pasado, aunque no por este hecho, descubierto con posterioridad.
Durante la audiencia de imputación que se desarrolló por videoconferencia con todos los acusados, sus defensores y de la que también participó el abogado Sebastián Smith, en calidad de querellante por el Estado Nacional, Villalba señaló las pruebas en relación a Prado, Céspedes y Rossi, en un hecho más que incluyó la desafectación de bienes adquiridos con fondos nacionales.
El fiscal resaltó, al explicar las maniobras, que “todos los caminos conducen a Prado”. La hipótesis es que fue quien posibilitó la desafectación de los caños a partir de una resolución municipal, que sirvió para el saqueo del material por parte de distintos implicados. En ese marco, solicitó el levantamiento del secreto bancario y fiscal respecto a Prado, como así también pidió que se le prohíba salir del país. En esa intervención, Prado avaló la extracción de los caños y su entrega a la empresa OSYP SA. Para el MPF, bajo la excusa de que causaban un grave daño al ambiente, condición que aseguró a partir de su profesión como ingeniero ambiental.
Cabe señalar que en la primera audiencia por este caso, Villalba ya había imputado a Prado, Céspedes y al empresario Diego Alos, titular de la firma OSYP SA, por el delito de fraude a la administración pública, oportunidad en la que no descartó nuevas imputaciones, como así también acusaciones contra otros implicados.
Finalmente, el fiscal Marcos Romero, de la sede descentralizada de Tartagal, se refirió a la acusación penal que pesa sobre Miguel Angel Cuellar y Oscar Dante Rodríguez por el delito de robo calificado, mientras que al intendente Prado, el representante del MPF le amplió la imputación por el delito de fraude a la administración pública.
En este caso, Romero explicó que la acusación penal surge de un hecho ocurrido el 12 de noviembre de 2019 en la localidad de Alto La Sierra, oportunidad en la que se descubrió a Cuellar con 14 caños en un colectivo adaptado para el transporte de carga, también procedentes del gasoducto NEA. El acusado responsabilizó por el hecho a Rodríguez, quien a su vez negó todo, aunque posteriormente se pudo establecer que con el intendente Prado existía un vínculo laboral. Surgió de una investigación realizada luego de que el caso, que se había iniciado en la fiscalía de Salvador Mazza, pasara a la sede fiscal de Tartagal. Se lograron recuperar 77 caños que habían sido extraídos también del paraje El Desemboque.
