Así como la decisión de eliminar el Fondo de la Soja se adelantó para el armando del Presupuesto Provincial, ya comenzaron a aparecer luces de alerta para el sector de la construcción que confirman la crisis anunciada.

Sin definiciones aún sobre cómo será el panorama de la obra pública en la provincia y en los municipios para el próximo año, un informe privado indicó que el sector ya muestra signos de contracción a través de la comparación de cuatro índices.

Según datos relevados por la consultora Economía y Regiones, en junio cayó la venta de cemento a granel, insumo asociado a las obras de infraestructura. En Salta dicha caída fue del 1,6%, con 27.918 toneladas vendidas en dicho período. A nivel nacional la merma fue aún mayor y el total de los distritos registraron una contracción promedio de 3,6%.

El segundo dato está asociado con la venta de bolsas de cemento, ítem relacionado con las obra particulares. Según el informe, en junio se vendieron un poco más de 18.000 bolsas, lo que representó una baja del 7,5%. El promedio nacional menor en este caso, con una contracción del 4%.

La tercera alerta apareció nada más y nada menos que en la cantidad de empresas que están operando en el sector. Según la consultora, en Salta se contabilizaron 401 compañías en actividad durante el mes de junio, un 4,1% menos que el año pasado. El promedio nacional estuvo muy por debajo de la cifra de Salta, con una disminución que no superó el 0,2%.

Finalmente la cuarta caída que se registró en el sector fue quizás la más importante: empleo. Según el informe, en Salta se perdieron un 6,5% de los puestos de trabajo en junio en comparación con el año pasado.

El IPV y los empresarios ya habían adelantado el tsunami

A mediados de mes el titular del Instituto Provincial de la Vivienda, Serio Zourpudes, ya había adelantado el panorama desolador del sector público de la construcción. El presidente del organismo encargado de la edificación de casas con fines sociales indicó que las obras estaban paralizadas y que la deuda con las constructoras había superado los $350 millones.

En diálogo con Radio Salta, el funcionario afirmó también que el Gobierno Nacional había congelado valores desde abril de 2016 e indicó que la Provincia ya se había hecho cargo de $200 millones para no frenar la ejecución de algunos proyectos.

No solo el sector público hizo su reclamo. Hace exactamente un mes las constructoras salteñas lanzaron un alarmante comunicado para reclamar por la demora de pagos por parte del gobierno provincial y nacional. Agrupados en la Cámara Salteña de la Construcción, los empresarios advirtieron que la demora de pagos estaba impactando en la paralización de las obras en la provincia, con el consecuente cierre de empresas. Además, ya preveían una ola de despidos de trabajadores.

Finalmente los empresarios aseguraron en dicho documento que la escalada inflacionaria había distorsionado todos los proyectos en la provincia, entre viviendas, jardines de infantes, obras de saneamiento y centros de salud.

Fuente: La Gaceta