Jorge Moya, antes de ser el presidente del Club Central Norte de Embarcación, fue candidato a diputado provincia, en un frente que impulsó la candidatura a gobernador de Juan Carlos Romero y de vice a Alfredo Olmedo.

La semana pasada Moya quedó detenido, tras una serie de allanamientos simultáneos, realizados por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Moya y otras dos personas habían diseñado un plan para amedrentar y estafar a beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) programado en el marco de la pandemia del coronavirus para asistir a familias vulnerables. Las víctimas eran comunidades rurales de pueblos originarios situadas alrededor de la localidad salteña de Embarcación.

Esta banda operaba con dos modalidades: actuaban como intermediarios para cobrar el subsidio, y para eso pedían una importante parte del dinero de ayuda otorgado por el Estado, y también obtenían datos de miembros de las comunidades originarias y directamente les robaban el importe completo de la IFE que les correspondía.

"Las comunidades aborígenes están a merced de los punteros políticos, que les sacan la plata y se enriquecen. El grado de vulnerabilidad es tal que las víctimas terminan agradeciendo a sus propios estafadores", dijo a La Nación el titular de la Unidad Fiscal Salta, Eduardo Villalba, que coordinó las medidas judiciales junto a la fiscalía federal Nº12 de la Capital Federal.

Para justificar el desvío del dinero, los delincuentes utilizaban los registros legales del club Central Norte, del que eran directivos. Según informaron fuentes oficiales, las sumas de las estafas iban de los 1000 a 2000 pesos, que figuraban "como pago de aportes o cuotas de los beneficiarios al club, para lo cual primero los afiliaban como socios de esa entidad".

Por otro lado, los investigadores del MPF describieron que las estafas se realizaron "en lugares muy pobres, casi sin servicios básicos, donde es muy fácil aprovecharse de los habitantes". De hecho, se detectaron casos en los que este grupo de estafadores, además de retenerles el dinero, obligó a las víctimas a realizar trabajos no remunerados bajo la amenaza de quitarles el IFE.

Durante los interrogatorios los imputados admitieron haber realizado las estafas. Pero los investigadores se sorprendieron ante los argumentos esgrimidos por la banda de delincuentes: dijeron que habían realizado todas esas maniobras "para ayudar" a los beneficiarios del subsidio de emergencia.